Más hostigamiento e incumplimiento de la resolución de la CIDH

23 agosto, 2017

Con 11 días de incumplimiento por parte del Estado de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala continúe la detención preventiva de forma domiciliaria, el juez Antonio Llermanos envió una notificación al Penal de Alto Comedero para informarle a la líder de la Tupac Amaru el inicio de un nuevo juicio en su contra

La querellante en la causa es la comisaria Ángela Cabrero, quien patrocinada por los abogados Gastón Morales —hijo del gobernador de Jujuy— y Luciano Rivas denunció a Sala por amenazas. En tanto, la defensa de Milagro advirtió sobre otra “arbitrariedad” en contra de la dirigente: mientras se espera que sea liberada, le quitaron la atención psicológica que recibía por parte de Laura Aguirre, designada por el Servicio Penitenciario.

Respecto de la nueva causa que llegará a juicio, desde la Tupac informaron que se notificó a Sala para que asista a las audiencias pautadas para los días 6, 7, 14 y 15 de septiembre, pero denunciaron que se “obstruye el derecho a la defensa”, no se notificó oficialmente la fecha de juicio ni la resolución oficial del juez Llemarnos, a la que sí tuvieron acceso varios medios de comunicación. Además, la organización social señaló que aún restan resolver una serie de nulidades presentadas por al defensa

La denuncia, presentada por el hijo de Morales, data de 2014, cuando la policía Cabrero denunció a la entonces diputada provincial. Luego de que Morales ganara las elecciones, su hijo y Rivas fueron reemplazados por el abogado Eduardo Vergara, quien fue querellante del propio Morales en la causa contra Sala por el escrache contra el entonces senador radical. Sala fue condenado en ese juicio a pesar de no participar del escrache y de que el testimonio de la supuesta incitación fue dado por un actual empleado del gobierno jujeño.

La nueva causa elevada a juicio contra Milagro se conoce como “el caso de las bombachas” y se originó en octubre de 2014, cuando Natalia Vargas fue a pasear a una feria y encontró que se estaba vendiendo mercadería que le había robado de su domicilio a María Molina, su madre e integrante de la Tupac Amaru. Dos meses antes, Molina había denunciado el robo de su cartera con las llaves de su domicilio y luego otro robo en su domicilio, en el que los ladrones se llevaron la mercardería sin violentar ninguna puerta o ventana.

Tras la denuncia de Vargas, aquel día de octubre, la Policía llegó dos horas después de la denuncia y se llevó detenida a ella y a la dueña del puesto de ropa. La vendedora fue rápidamente liberada, pero la denunciante quedó demorada. El juicio oral no será para resolver esta causa sino la denuncia de la comisaria Ángela Cabrero, quien aseguró que Sala llamó a la comisaría y amenazó al personas para que liberen a la hija de María Molina.

En cuanto a la denuncia por la decisión del Servicio Penitenciario de poner fin a la atención psicológica de Milagro, la defensa de la dirigente social precisó que ocurrió días después de conocerse la resolución de la CIDH y sin previo aviso. “Sin que pueda realizarse un cierre del proceso con la profesional que había designado el Servicio Penitenciario. Es la segunda vez que le retiran la atención sin motivos y sin notificarla debidamente”, advirtieron desde la Tupac.

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