En el país gritaron por las víctimas del gatillo fácil

29 agosto, 2017

Con buena adhesión en todo el país y en medio del masivo reclamo por la aparición del artesano Santiago Maldonado, se realizó la tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En Rosario, los familiares de las numerosas víctimas de la violencia institucional se reunieron en las puertas de los Tribunales Provinciales para iniciar la peregrinación hacia la sede local de Gobernación. Aunque no fue una marcha gigantesca como la recordada Rosario Sangra, los afectados lograron hacerse escuchar.

“Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable”, pudo leerse en la bandera que se colocó por delante de la columna que ganó las calles del centro rosarino. La Multisectorial contra la Violencia Institucional se puso al frente de la organización y mostró en pancartas los rostros de quienes perdieron la vida por culpa de balas policiales en distintos sectores de la ciudad.

La manifestación clamó que el pueblo no se quede en silencio frente a los abusos, aunque tuvo una particularidad: a diferencia de otras, esta marcha contó con poco apoyo de personas “ajenas” al pedido de justicia y se caracterizó principalmente por la presencia de familiares y allegados al as víctimas. Momentos antes de las 18 iniciaron el camino por calle Balcarce, en contramano.

Jonathan Herrera, Franco Casco, Gerardo Escobar, Maxi Samudio, Alejandro Ponce, Carlos Godoy y María de los Ángeles Paris, y más, componen la lista de víctimas de la violencia institucional y por todos ellos se realizó la marcha. También se reclamaron respuestas para el caso de David Campos y Manuel Herrera, asesinados hace semanas en Arijón y Callao tras ser perseguidos por la Policía.

En tanto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización inició en el Congreso de la Nación y culmina en la Plaza de Mayo. Familiares de víctimas de gatillo fácil y agrupaciones de todo el país viajaron a Capital Federal para denunciar las políticas represivas frente a la Casa Rosada.

“Las muertes de nuestros pibes no son descartables, no tienen crueles matices. Cada violación de sus derechos fundamentales, cada muerte en manos de fuerzas de seguridad, cada tortura aplicada a los cuerpos de nuestros pibes y pibas, cada desaparición forzada, es responsabilidad del Estado; de cada gobierno constitucional de la era ‘democrática'”, señaló Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en Buenos Aires.

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